Acusan a autoridades de Poza Rica de corrupción en renovación de contrato con empresa contaminante
El gobierno de Poza Rica, encabezado por Fernando Remes Garza, ha concedido un año más de contrato a la empresa Discricar para el manejo del servicio de limpia pública, a pesar de las graves preocupaciones sobre su impacto ambiental y acusaciones de corrupción.
Funcionarios locales aseguran que la sindico Lizeth A. Guerra Méndez habría recibido un soborno de $1,000,000.00 de pesos por parte de representantes de Discricar, garantizando así la continuación de sus operaciones hasta diciembre del 2024.
Desde el principio, Discricar ha estado bajo escrutinio debido a la falta de permisos ambientales, el uso de unidades recolectoras de dudosa procedencia y acusaciones de ofrecer un servicio deficiente.
A pesar de las objeciones de algunos regidores, el contrato con Discricar ha sido firmado por la sindico Lizeth Guerra y el alcalde Fernando Remes Garza, lo que significa un respaldo oficial a la prestación del servicio durante todo el año 2024.
La renovación del contrato ha suscitado críticas debido a las violaciones ambientales y la calidad deficiente del servicio proporcionado por Discricar, a pesar de que otras opciones estaban disponibles.
Las acusaciones de corrupción no se detienen en la esfera local. Funcionarios estatales, incluido el titular de la Procuraduría del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez, y el propietario del relleno sanitario, Amando Solís, están señalados como partícipes en el entramado que sostiene a Discricar.
Este caso no solo compromete los principios de integridad de las autoridades, sino que también arroja dudas sobre el compromiso con la transformación y el bienestar de la sociedad.
Los ediles apuntan a José Lugo Dauzón como el posible intermediario entre Discricar y el gobierno local, resaltando así la complejidad de los intereses involucrados en este controvertido contrato.
