Poza Rica, Ver.- En un caso de corrupción que ha sacudido al Gobierno de Veracruz bajo el mandato de Cuitláhuac García Jiménez, se han identificado a José Luis Lima Franco y Jorge Eduardo Sisniega Fernández como los responsables de un escandaloso desfalco de más de 1,593 millones de pesos de la Secretaría de Salud.
Ambos son servidores públicos de alto rango que han incumplido con sus deberes, encabezando una red de funcionarios gubernamentales.
Esta red ha sido señalada por extraer fondos ilegalmente y se ha visto involucrada en la asignación de contratos, incluyendo contratos millonarios con proveedores, que han levantado serias preocupaciones sobre su legalidad.
El reciente escándalo ha superado a casos anteriores, como el de Araly Rodríguez Vez, una empleada de la SEV que recibió contratos por más de 100 millones de pesos de tres dependencias estatales, incluyendo SESVER, a pesar de que la ley le impedía ser contratada.
Rodríguez Vez presentó credenciales de Poza Rica, la misma localidad de la que provienen Lima Franco y Sisniega Fernández.
Esta información se utilizó para inscribirla en el padrón de Proveedores de la SEFIPLAN, que está bajo la responsabilidad de Lima Franco.
Además, se descubrió que el domicilio fiscal presentado correspondía a una pequeña tienda, lo que plantea interrogantes sobre la legalidad de estos contratos.
La red de corrupción también se ha extendido a la asignación de contratos a empresas de “nueva creación” y al uso de personas que trabajan o tienen vínculos familiares en el gobierno de Veracruz, incluyendo a jóvenes beneficiarios de programas sociales.
Mientras José Luis Lima Franco ha mantenido su posición en la SEFIPLAN desde el inicio del Gobierno morenista, Jorge Eduardo Sisniega Fernández ha ocupado un papel destacado como director administrativo de SESVER.
En síntesis, estos altos funcionarios han utilizado su influencia para registrar a proveedores, asignar contratos y, finalmente, recibir pagos a través de prácticas que plantean serias dudas sobre su legalidad y ética.
Además, se han identificado múltiples violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del estado de Veracruz, incluyendo la contratación con personas físicas o morales que están prohibidas según la legislación.
A pesar de estas restricciones, se encontraron numerosos casos en los que estas prohibiciones no fueron respetadas por los servidores públicos de SESVER y la Secretaría de Finanzas y Planeación, y no hubo supervisión adecuada por parte de los órganos de control interno de ambas dependencias.
Este escándalo también revela la asignación de contratos a empresas “de reciente creación” por parte de la Secretaría de Salud, con más de 50 empresas involucradas entre 2019 y 2022.
Las manos de José Luis Lima Franco y Jorge Eduardo Sisniega Fernández se destacan como principales actores en esta trama. Las empresas “nuevas” recibieron más de 1,087 millones de pesos en contratos, de los cuales 94 fueron otorgados directamente y 66 por invitación, sin licitación pública.
Además, se ha asignado contratos a personas físicas, con un total de 506.3 millones de pesos otorgados a 190 beneficiarios en el mismo período.
Entre estos beneficiarios se encuentran empleados del gobierno estatal y personas con vínculos familiares en la administración morenista, incluyendo jóvenes beneficiarios de programas sociales como “Jóvenes Construyendo el Futuro.”
Este caso de corrupción ha destapado una serie de prácticas cuestionables que involucran a altos funcionarios del Gobierno de Veracruz y ha generado un escándalo que sacude la región.
Las investigaciones continúan, y se espera que surjan más detalles sobre domicilios ficticios y empresas inhabilitadas que han sido beneficiadas por esta red corrupta.
La presión sobre Lima Franco y Sisniega Fernández aumenta a medida que se revela la magnitud de esta trama corrupta.
Fuente: Revista Libertad
